Cada 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2009 para reconocer la interdependencia entre los seres humanos, la biodiversidad y los ecosistemas que sostienen la vida. Bajo el lema “Nuestro poder, nuestro planeta”, se recuerda que la Tierra constituye el hogar común de la humanidad y se destaca el papel de la acción colectiva, la innovación y las políticas públicas para impulsar una transición ecológica justa y fortalecer la resiliencia de nuestras sociedades.

La conmemoración se produce en un contexto de presión creciente sobre los sistemas naturales. Naciones Unidas y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advierten de que el planeta afronta una triple crisis planetaria marcada por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

Cada año se pierden alrededor de 4,7 millones de hectáreas de bosque, ecosistemas esenciales que albergan cerca del 80% de las especies terrestres. Esta degradación afecta directamente al bienestar humano y a la estabilidad económica. Los ecosistemas sanos actúan como una infraestructura natural estratégica que contribuye a la resiliencia climática y la seguridad alimentaria. Aproximadamente el 75% de los cultivos mundiales dependen, al menos en parte, de la polinización animal, y una sola colonia de abejas puede polinizar hasta 300 millones de flores al día. Sin embargo, las poblaciones de insectos están disminuyendo a nivel global en un 40%, lo que refleja un gran declive de la biodiversidad.

La contaminación intensifica esta presión sobre los ecosistemas. La producción mundial de plásticos ha alcanzado aproximadamente 460 millones de toneladas métricas, y se estima que cerca del 80% del plástico fabricado permanece acumulado en vertederos o en el medio natural. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), al menos 14 millones de toneladas de plástico terminan cada año en el océano. De mantenerse esta tendencia, en 2050 el volumen de plásticos en el océano podría superar al de peces en términos de peso.

El contexto climático refuerza la urgencia de actuar. La Organización Meteorológica Mundial confirma que el promedio de temperatura global del periodo 2023-2025 se situó 1,48 °C por encima del nivel preindustrial. Al mismo tiempo, los ecosistemas terrestres y marinos absorben aproximadamente la mitad de las emisiones de CO₂, lo que sitúa a la naturaleza como aliada clave en la mitigación del cambio climático.

Frente a este escenario, la restauración ecológica se consolida como una inversión estratégica. Según la ONU, más de 2.000 millones de hectáreas de tierra están degradadas en el mundo y más de 3.200 millones de personas se ven afectadas por sus consecuencias. El Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal establece el objetivo de proteger al menos el 30% de la superficie terrestre y marina antes de 2030. Sin embargo, el Protected Planet Report 2024 indica que la cobertura global alcanza actualmente el 17,5% de la superficie terrestre y el 8,5% del océano, lo que pone de manifiesto la necesidad de acelerar la acción para garantizar un futuro ambientalmente sostenible, socialmente justo y económicamente viable.

RENATURALIZACIÓN Y RESTAURACIÓN PARA UN PLANETA RESILIENTE

En este contexto, la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) impulsa proyectos orientados a mejorar la resiliencia de los ecosistemas y generar oportunidades de desarrollo sostenible. A través de las convocatorias para la renaturalización de ciudades y la restauración de ecosistemas fluviales urbanos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, se han apoyado 73 proyectos con una dotación de 195 millones de euros. Asimismo, gracias a los fondos PRTR se han respaldado 70 proyectos de bioeconomía con una inversión de 97 millones de euros, orientados a promover modelos productivos sostenibles y fortalecer el desarrollo rural.

En la actualidad, la Fundación Biodiversidad gestiona nuevas iniciativas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Entre ellas, la convocatoria para la renaturalización de ciudades moviliza cerca de 40 millones de euros para 12 proyectos orientados a reforzar la infraestructura verde urbana y mejorar la adaptación al cambio climático. En el ámbito de la bioeconomía, las ayudas cuentan con 42,6 millones de euros para 27 proyectos dirigidos a impulsar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la creación de empleo verde. Asimismo, las convocatorias FEDER para la conservación y restauración de la biodiversidad marina respaldan ocho proyectos con una dotación de seis millones de euros, contribuyendo a la protección y recuperación de hábitats marinos estratégicos.

Por otro lado, el proyecto LIFE INTEMARES, que coordina la Fundación, impulsa la gestión eficaz de los espacios protegidos de la Red Natura 2000, mientras que el LIFE ECOREST promueve la restauración de 30.000 hectáreas de hábitats marinos profundos. Además, el proyecto LIFE Humedales, también liderado por la Fundación, movilizará más de 271 millones de euros para desarrollar 284 actuaciones en 107 espacios de la Red Natura 2000, con el objetivo de restaurar más de 26.100 hectáreas de humedales.

Por su parte, el proyecto LIFE Cerceta Pardilla ha contribuido de forma decisiva a mejorar el estado de conservación de esta especie de pato en peligro crítico mediante la restauración de más de 3.600 hectáreas de humedales. Desde el inicio del proyecto en 2021, la población reproductora se ha multiplicado por cuatro hasta alcanzar 172 hembras con pollos, y se han liberado más de 3.700 ejemplares para el refuerzo de las poblaciones.

Estas actuaciones ponen de manifiesto el papel estratégico de la restauración ecológica y de las soluciones basadas en la naturaleza para proteger la biodiversidad, generar empleo verde y fortalecer la resiliencia frente al cambio climático. La conservación del capital natural no solo contribuye a frenar la pérdida de especies, sino que también refuerza la seguridad alimentaria, la salud de los ecosistemas y la sostenibilidad económica a largo plazo.