La contaminación acústica es causa de preocupación en la actualidad en todos los países industrializados, ya que produce molestias y efectos negativos sobre la salud pública y el medio ambiente y por ello supone una significativa reducción de la calidad de vida de los ciudadanos. Hoy, Día Internacional de Concienciación sobre el Problema del Ruido, se busca sensibilizar a todos los sectores implicados en su responsabilidad para afrontar los problemas que causa el ruido en nuestra sociedad.
Para hacer frente a los perjuicios causados por el ruido, el Ministerio de Medio Ambiente está ultimando un Reglamento sobre el Ruido que va más allá de la transposición de la Directiva Comunitaria 2002/49/CE. Este Reglamento viene a completar la Ley de Ruido 37/2003 y el Real Decreto 1513/2005 que tenían por finalidad abordar un tratamiento generalizado de la contaminación acústica, con especial atención a la actuación preventiva, la planificación acústica en la ordenación territorial y la incorporación de los conceptos de evaluación y gestión del ruido ambiental.
Esta nueva norma, cuyo borrador ha alcanzado un alto grado de consenso con las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, las ONG ambientalistas y los centros de investigación, tiene como objetivo básico la elaboración de mapas estratégicos del ruido que permitirán evaluar globalmente la exposición al ruido de una determinada zona, teniendo en cuenta las actividades económicas que se desarrollan, así como criterios de densidad de población y proximidad. En este sentido se prevé que será presentado por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona ante la próxima Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y ante el Consejo Asesor de Medio Ambiente para proceder a su inmediata aprobación por el Gobierno.
Del mismo modo, este próximo Real Decreto cumplirá con uno de los aspectos más importantes referente a la creación de un sistema básico de información de la contaminación acústica, que facilitará de forma clara y fácilmente accesible información al público sobre el ruido. Se trata de un paso más dentro del compromiso del Gobierno español de hacer efectivo el Convenio Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.