El Parlamento Europeo ha dado el visto bueno definitivo a una directiva que crea requisitos mínimos en materia de gestión de balsas y escombreras de residuos mineros, con el objetivo de prevenir accidentes como el acaecido en Aznalcóllar (Sevilla) en 1998. La nueva directiva, que debe aplicarse en los Estados miembros en un plazo máximo de dos años, fija condiciones para la concesión de licencias de explotación, y crea reglas para la gestión de residuos y la seguridad de las instalaciones.
También obliga a las entidades explotadoras a contar con planes de cierre de las mismas y a disponer de una garantía financiera adecuada para sufragar costes derivados de posibles accidentes y evitar que, llegado el caso, se declaren insolventes.
El pleno aprobó por amplia mayoría el texto conjunto acordado previamente por los representantes de la Eurocámara y el Consejo, que prevé que las empresas deberán contar con fondos no sólo para reparar posibles desperfectos en sus instalaciones residuos sino también ‘la rehabilitación del terreno afectado’ por un vertido.
Por otro lado, el texto obliga a las empresas a garantizar la vigilancia de los residuos de extracción y el hueco de excavación en que se almacenen, así como a prevenir la contaminación del suelo, de las aguas superficiales y subterráneas.
Cuando reforme una instalación o construya una nueva, la empresa será responsable de que su ubicación respete las normas relativas a zonas protegidas y se adecúe a los factores geológicos, hidrológicos, hidrogeológicos, sísmicos y geotécnicos del terreno.
La nueva norma obliga a los Estados miembros a contar con un inventario actualizado de instalaciones de residuos cerradas o abandonadas, que supongan un peligro potencial para el medio ambiente y la salud humana, y a definir ‘programas de medidas’ para paliar este riesgo.
Actualmente el tratamiento de los residuos de las industrias extractivas está cubierto por la directiva marco de residuos de 1975 y la directiva de vertidos de 1999. Pero accidentes como el de Baia Mare (Rumanía) o el de Aznalcóllar, donde en 1998 se rompió el dique de contención de una bolsa de residuos de la empresa sueca Boliden cerca del parque natural de Doñana, impulsaron a la Comisión Europea a proponer una norma específica sobre la protección de este tipo de instalaciones.