- El “Manual para la contratación pública ecológica de la Administración General del Estado” ha sido elaborado por la Universidad de Alcalá, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad y la Dirección General de Servicios del MITECO
- Esta herramienta contribuye a la adaptación y aplicación del Plan de Contratación Pública Ecológica en el ámbito de la Administración General del Estado, cuya aplicación lidera la Subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
- Responde a la necesidad de incorporar criterios ecológicos en la contratación pública, lo que permitirá a las administraciones fomentar y contribuir a los objetivos de sostenibilidad económica y medioambiental en el desarrollo de su actividad
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha publicado el Manual para la contratación pública ecológica de la Administración General del Estado con el objetivo de facilitar la adaptación y aplicación del Plan de Contratación Pública Ecológica en el ámbito de la Administración General del Estado.
Esta publicación se ha presentado hoy en la sede de la Fundación Biodiversidad del MITECO en un acto al que han asistido diversas unidades ministeriales de la Administración General del Estado y que ha contado, en la mesa inaugural, con la participación del subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel González Suela; la directora de la Fundación Biodiversidad, Elena Pita; y la gerente de la Universidad de Alcalá, Carmen Figueroa Navarro. También han participado diversos organismos públicos, que han abordado los desafíos de la contratación pública ecológica y han compartido casos de éxito en este ámbito.
Este manual contribuye a la adaptación y aplicación del Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social (2018-2025), cuya aplicación lidera la Subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Este plan responde a la necesidad de incorporar criterios ecológicos en la contratación pública, lo que permitirá a las administraciones fomentar y contribuir a los objetivos de sostenibilidad económica y medioambiental en el desarrollo de su actividad. En concreto, recoge una serie de criterios medioambientales generales de contratación, de carácter voluntario, que podrán ser incorporados a los pliegos de contratación como criterios de selección, de adjudicación, especificaciones técnicas y condiciones especiales de ejecución.
IMPULSO A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ECOLÓGICA
La contratación pública es una herramienta estratégica para influir en el mercado y ser motor de cambio económico para seguir avanzando hacia una sociedad descarbonizada y económicamente eficiente, que garantice un horizonte sostenible, en cumplimiento con los compromisos adquiridos por España en el Acuerdo de París y en el Pacto Verde Europeo.
En esta línea, la Agenda 2030 aboga por garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles y, específicamente, promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales.
En este contexto, la Fundación Biodiversidad del MITECO presta apoyo a la Subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el desarrollo de una serie de acciones relativas al sector de la Contratación Pública Ecológica en el marco del programa “Cambiar los estilos de vida para recuperar la naturaleza”, que coordina en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.
Entre estas actuaciones, ha publicado este manual, que ha sido elaborado por el Grupo de Investigación Compra Pública Verde de la Universidad de Alcalá y cuenta con el apoyo de la Dirección General de Servicios del MITECO.
Esta publicación va dirigida a los gestores públicos, organizaciones o entidades que deban desarrollar una contratación pública. Aunque su destinatario principal es la Administración General del Estado, también puede ser de utilidad para otras administraciones públicas, así como para el resto de operadores jurídicos y económicos, en general.
